El comunicado del Ayuntamiento de hoy 20 de noviembre sobre la planta de biorresiduos es un ejercicio de propaganda que presenta como logros lo que en realidad son promesas vagas, no vinculantes y sin respaldo técnico serio. Las supuestas “preferencias” para empleos locales, la monitorización “permanente” del aire y la creación de un “aula medioambiental” suenan bien en titulares, pero se derrumban en cuanto se examinan con un mínimo de rigor.
En materia de empleo, la realidad es evidente: una planta de biometanización requiere perfiles altamente técnicos —operadores de digestión, especialistas en control de procesos, mantenimiento eléctrico e industrial, técnicos de emisiones, manejo de SCADA…—. Es dudoso que esos perfiles existan en proporción significativa en Colmenar Viejo. Por eso, vender la idea de “preferencia para vecinos” sin cláusulas vinculantes, auditorías externas, plazos concretos y un número mínimo obligatorio de contrataciones locales es simple demagogia.
En cuanto a la monitorización de la calidad del aire, el Ayuntamiento promete una red de control permanente sin explicar cuántos sensores habrá, dónde se ubicarán, quién garantiza su calibración, qué empresa gestiona los datos, ni —lo más importante— cuáles son los umbrales vinculantes que obligarían al cierre. Sin un protocolo claro y público, la frase “paralizaremos la actividad si hay perjuicio” es una fórmula vacía diseñada para tranquilizar, no para proteger.
Respecto al “aula medioambiental”, aunque el Ayuntamiento lo promociona como un recurso formativo para la ciudadanía adulta, no deja de ser preocupante que el relato educativo quede en manos de la empresa responsable de la instalación. Se trata de una herramienta de legitimación del proyecto, no de formación independiente. La educación ambiental debe ser impartida por instituciones sin intereses económicos directos en la planta, no por la propia promotora.
Hay un aspecto que el comunicado oculta deliberadamente: la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid sitúa a Colmenar Viejo como un gran centro de recepción de residuos para toda la región. Esto está plasmado en documentos oficiales publicados por la propia CAM. Es decir, el municipio carga con impactos ambientales y logísticos impuestos al margen de la voluntad y de la salud de sus vecinas y vecinos. Todo responde a una decisión política y económica, no a criterios técnicos ni a un plan equilibrado territorialmente.
En cuanto a la participación ciudadana, el Ayuntamiento presume de transparencia mientras excluye a quienes más han trabajado el tema. En las reuniones mantenidas con el alcalde, la plataforma StopBiogas 3CV puso a disposición a sus técnicos para colaborar en la redacción de una ordenanza rigurosa sobre la monitorización y el procedimiento de cierre por riesgo sanitario. Esa colaboración, ofrecida abiertamente, no ha sido activada por el alcalde, que además ha dejado fuera a StopBiogas 3CV del grupo de trabajo que ha elaborado las condiciones del convenio. Este veto es incompatible con cualquier discurso de participación real.
Finalmente, los supuestos “3 millones de euros en beneficios” son otra cortina de humo mientras no se publique un desglose técnico claro, demostrable y auditado. Sin transparencia total, es un número lanzado para justificar un proyecto cuya necesidad, impacto y reparto de cargas no han sido explicados seriamente.
En resumen: promesas vacías, exclusión vecinal, relatos educativos interesados, una estrategia regional que impone cargas a Colmenar sin garantías, y una motivación política y económica disfrazada de “modernización ambiental”. Desde StopBiogas 3CV exigimos documentación completa, criterios técnicos verificables, participación real y la activación inmediata del trabajo ofrecido por los técnicos de la plataforma.
La salud y el futuro del municipio no pueden decidirse con propaganda.